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CIDH pide EU cerrar centros de detención de inmigrantes
Washington.- La CIDH pidió a Estados Unidos cerrar los centros de detención para niños y familias inmigrantes y lamentó que Ecuador se ausentara de las audiencias sobre los derechos humanos en su país por tercera vez en un año, además de estudiar el impacto en los campesinos por la construcción de megaproyectos en Colombia. En la primera jornada de su 153 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), mantuvo una docena de audiencias centradas en EE.UU., Ecuador, Colombia y Cuba. En una de ellas, la CIDH expresó su preocupación por la gestión que el Gobierno de Barack Obama ha hecho de la crisis provocada por la llegada de más de 60.000 menores solos a la frontera sur este año, procedentes sobre todo de El Salvador, Guatemala y Honduras. «La Comisión ha expresado repetidamente que los niños no deben ser retenidos en centros de detención», dijo uno de los siete miembros de la CIDH, Felipe González, que a comienzos de este mes visitó el sur de Texas para evaluar la situación de los menores. Estados Unidos tiene actualmente tres centros de detención de familias donde los migrantes permanecen mientras su proceso de deportación avanza en el sistema judicial, ubicados en Karnes City (Texas), Artesia (Nuevo México) y Leesport (Pensilvania).Al respecto, un representante del Gobierno de EE.UU. defendió que el uso de esos centros de detención encaja con los estándares internacionales, y aseguró que se seguirán utilizando. «Nuestra política es seguir ampliando estas instalaciones», dijo a periodistas Timothy Zúñiga-Brown, el coordinador del grupo de trabajo del Departamento de Estado sobre los niños no acompañados. La Comisión también evaluó denuncias de racismo policial en EE.UU., dos meses después de que el joven negro Michael Brown muriera abatido a tiros por un policía blanco en Ferguson (Misuri). «Tristemente, (el caso de Ferguson) no es la primera y no será la última vez que hay un abuso policial contra minorías, porque esa práctica se ha convertido en la nueva norma en EE.UU.», denunció Barbara Arnwine, presidenta del Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley. Poco antes de que comenzaran sus dos audiencias sobre Ecuador, la CIDH recibió un aviso informal de que el Gobierno de Rafael Correa, muy crítico con la Comisión, no enviaría representantes a la cita. «Es un hecho que lamentamos, porque creemos que estos son espacios de diálogo valiosos, importantes, significativos. No necesariamente son de acuerdo, cada parte puede exponer su punto de vista en igualdad de condiciones», indicó a Efe el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. Durante las audiencias, la CIDH expresó su preocupación por «lo que parece ser una crisis aguda de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador», y recibió denuncias de activistas que aseguran que «el poder judicial actúa como un brazo del Gobierno para silenciar las voces críticas» en el país. Además, en una de las audiencias la CIDH expresó «inquietud» sobre cómo protege el Gobierno colombiano los derechos de los campesinos desplazados por la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos y le pidió que aporte información específica sobre las medidas para proteger el derecho a la tierra. «El interés por construir (…) las decenas de megaproyectos minero-energéticos pensados para la zona (de Ituango, Antioquia) son las causas reales de mi desplazamiento», denunció Cristina Zulueta, desplazada a los 14 años. Otro de los testimonios que se escuchó en las audiencias dedicadas a Colombia fue el de siete asociaciones dedicadas a la defensa de las víctimas del conflicto armado, que denunciaron la «impunidad» de los altos mandos militares acusados de ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos». Pidieron a Colombia que juzgue a estos altos mandos como autores y no como encubridores de estos delitos, lo que supondría una diferencia de 25 años en la pena, subrayó a Efe Alejandro Malambo, de la Comisión Colombiana de Juristas. El conflicto armado en Colombia vertebró otra de las audiencias, dedicada a la participación de mujeres en el proceso de paz. En una única audiencia sobre Cuba, la CIDH recibió denuncias de que la superpoblación, el uso excesivo de la fuerza y la falta de mecanismos de control y servicios básicos en las cárceles de la isla fomentan el «incumplimiento sistemático» de los derechos humanos de los presos, a los que se llega a someter a «torturas». Por último, la CIDH adelantó que aprobará próximamente un informe especial para definir el estatus de refugiado y abordar de manera adecuada los desplazamientos que provoca la violencia en los países centroamericanos.