Caso Odebrecht: cómo ese soborno puede redimir a Quisqueya

El compromiso de la nación, para erradicar la corrupción en los negocios y la política parece real y vibrante.

Gran parte del impulso que moviliza esta furia fiscalizadora ha llegado desde el norte del estrecho de la Florida, después de que el Departamento de Justicia estadounidense anunció que había alcanzado un acuerdo histórico de US$3.500 millones con ejecutivos  de Odebrecht que confesaron haber pagado sobornos por importantes contratos en nueve países latinoamericanos y dos de África.

Si el gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA, de ética cuestionada, hubiera creído que iba a contar con un amigo en su hora más oscura, Pedro Pablo Kuczynski habría sido su hombre. Antes de convertirse en presidente de Perú el año pasado, el  economista  de 78 años se movía entre Wall Street y los despachos de Washington y Lima, donde respaldó el tipo de proyectos de desarrollo que convirtieron a Odebrecht en una compañía poderosa. Y, sin embargo, hace poco Kuczynski le pidió a Odebrecht que abandonara  el  país después de multar a la compañía por pagar US$29 millones en sobornos. Además, rescindió su contrato en la construcción de un gasoducto peruano valorado en US$7.300 millones.

La reacción de Perú es sólo una parte de la respuesta del hemisferio al dañino escándalo de corrupción y sobornos de Brasil, que se ha extendido de São Paulo a Santo Domingo. Las autoridades colombianas arrestaron a un ex senador acusado de enriquecimiento   ilícito y a un exviceministro de transportes por supuestamente agilizar los contratos de Odebrecht. Panamá ha prohibido a la compañía participar en la construcción de obras públicas.

En República Dominicana, los manifestantes han salido a la calle a protestar por los US$92 millones en sobornos que presuntamente pagó Odebrecht a cambio de favores de las autoridades, pero medidas de controles futuros ni transparencia parecen ejecutarse,   es más los gobiernistas, casi 3 mil de ellos no presentan declaraciones juradas anuales y todo lo tienen a nombre de testaferros.

Pero volviendo a este continente, si la reacción de América Latina es un espasmo excepcional de virtud o el impulso para limpiar la administración pública y reformar el gobierno corporativo es una pregunta que por ahora no tiene respuesta. En su última  encuesta  sobre la percepción de la corrupción, la organización Transparencia Internacional dio a América Latina y el Caribe sólo 44 puntos de 100, en un índice donde cualquier cifra por debajo de 50 significa que un país está “quedándose atrás”.

El despacho de abogados de EE.UU. Miller & Chevalier recientemente sondeó a ejecutivos y abogados en toda América Latina y encontró que, aunque 52 por ciento de los encuestados creía haber perdido negocios ante competidores corruptos, 77 por ciento dijo  también  que las leyes anticorrupción son ineficaces. Los resultados de 2016 apenas cambiaron con respecto a los de 2012, antes de que se conociera el escándalo de Brasil.

Perú ha anunciado que pondrá en marcha un equipo especial para investigar las prácticas confesaron haber pagado sobornos por importantes contratos en nueve países latinoamericanos y dos de África. De la misma forma que la redada de la fiscal general de  EE.UU.,  Loretta Lynch, contra la burocracia futbolística mundial de la FIFA, en 2015, desencadenó una ofensiva contra dirigentes del fútbol latinoamericano, la iniciativa del Departamento de Justicia ha alentado a policías y fiscalías de la región a perseguir  a funcionarios  locales sobornados por Odebrecht.

Pero no todo es obra de una importación de la ética gringa. Si Brasil se ha convertido en un símbolo del fraude y la negligencia corporativa, también se ha convertido en un pionero. La operación Lava-Jato (Lavadero de autos), una investigación iniciada  hace  tres años sobre la corrupción en Petrobras, debe su éxito no sólo a un juez independiente o a fiscales valientes, sino a instituciones sólidas y a la existencia de normas como la ley anti sobornos de 2013.

Lo que es digno de destacar es que países que raramente lo hacían están colaborando, entre otras cosas para crear un grupo de trabajo conjunto que investigue la corrupción, de conformidad con el artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas contra  la  Corrupción.

Entre otras cosas, no está claro si la administración del presidente Donald Trump retomará la acción en el punto en el que la dejó su predecesor. Lo que es diferente es que los latinoamericanos ya no parecen dispuestos a hacerse de la vista gorda. Las  consecuencias  de los supuestos delitos de Odebrecht son una prueba rotunda de que la indignación de la sociedad civil por el robo a expensas de la ciudadanía ha perforado las certezas de una clase política que alguna vez fue intocable y de sus socios empresariales,  muchos  de los cuales están ahora presos. Esta es la clase de convicción cívica que no puede ser importada.

Oír a la diputada del PLD Sonia Mateo, justificando que hay robos en todos lados y que eso es normal, es lo salida más pedante e cínica que he oído en mucho tiempo. Porque el otro lo hace, hay que aceptarlo como normal y no poner reglad de control. Esa  diputada  debería renunciar por incompetente, no ha hecho un proyecto de ley para salvaguardar el patrimonio público, ni adecentar administración publica, solo se queja de que no tiene ni para una botellita de agua.
Dajabón le dirá a dónde la va a mandar en el 2020, aunque busque dinero de cofrecitos y de mafias para ayudar a su gente como ella, dice, que es lo mismo que para quedarme en este carguito del Congreso que parece ser vitalicio, pero no lo es.
Vea. https://www.youtube.com/watch?v=h4jzBBwpv3c