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Brasil y su nueva reforma laboral
Estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en el año 2015, señalan que la Población Económicamente Activa en República Dominicana era de 4.3 millones de personas según el informe Dominicana en Cifras 2015, de los cuales la cantidad de 1,696,439 según la Tesorería de la Seguridad Social, están inscritos como trabajadores formales que cotizan.
Comparando cifras de hace dos años, la diferencia entre más o menos redondeando unos 5 millones de personas y 1.7 es de 3.7 millones de personas, que representa la mayoría que no tiene empleo, que vive en la informalidad y que no disfruta del Código de Trabajo, ni tiene acceso a la Seguridad Social.
A nivel general, la tasa de desempleo en nuestro amado país fue de 14.5% al 2014, año en que experimentó una leve reducción con relación al 2013 que fue de 15%.
Menciono a Brasil, por ser una nación enorme la más fuerte y poderosa de América Latina, pero con 12.9 millones de desempleados a quienes hay que buscar empleos y tenemos que analizar que hacen ellos, para advertir que nosotros con la cualidad de ser más chiquitos, podemos por igual hacer transformaciones de importancia, que procuren empleos a tanta gente pobre y por demás desesperada por tenerlos.
La tasa de desempleo en Brasil se ubicó en enero en 12,5 por ciento, siendo esta la más alta del trimestre en 2017, según señala el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).
El actual informe difundido del IBGE agrega que actualmente existe un máximo histórico de 12,9 millones de personas buscando empleo, y con su nueva reforma laboral se comenta, que la misma resta derechos de los trabajadores, pero se olvidan estos críticos que estamos hablando de la mayoría, que carece de empleos.
Los nuevos empleos son para los que no tienen; de manera, que generar ingresos buenos o precarios, es una prioridad del Estado brasileño, como lo debiera ser para el nuestro y todos los países de América Latina que tienen alto desempleo.
Primero hay que lograr un empleo, luego vendrán las mejoras a los mismos, pues de los empleos de calidad no hay y si los hay, son muy pocos y requieren altos conocimientos o preparación.
De acuerdo con el Instituto brasileño, el número de parados subió un 34,3 por ciento en el último trimestre desde noviembre de 2016, generando unos 3,3 millones de personas más sin trabajo.
En este sentido, la población económicamente activa y con trabajo en esa nación retrocedió en 1,7 millones en el último año registrado.
Por segundo año consecutivo, la economía brasileña se contrajo, siendo esta una de las peores recesiones registradas en ese país.
Los defensores de la reforma se limitan a decir que el texto sería una “adecuación” de la legislación a las nuevas relaciones de trabajo, pero ya sea esta una adecuación o no, el tema es que existe una realidad: No hay empleos para la mayoría, por lo que la ley se propone “regularizar” la jornada de trabajo, o el banco de horas de trabajo, el trabajo remoto conocido como home office o trabajo en casa, la tercerización y la división del período de vacaciones en tres etapas.
Los opositores a la reforma señalan, que constituye una trampa para los trabajadores, en razón de que privilegia lo negociado sobre lo legislado.
El gobierno y los medios empresariales intentan convencer de que un mercado de trabajo con reglas más flexibles permite a las empresas despedir menos, ya que podrían tener jornadas reducidas y disminuir costos laborales tercerizando el trabajo.
El gobierno brasileño se inspiró a su vez, en el modelo alemán para desarrollar el proyecto de ley, el cual generó empleos precarios pero que eran necesarios, es mejor tener un empleo precario que no tenerlo, y tenerlo le sirve al trabajador para lograr acceso a la Seguridad Social, que ya es una excelente ganancia, aunque los servicios sean igual de precarios; pero la idea es, reducir cada vez más las políticas adversas de protección social.
En Brasil, se estima que los trabajadores estarán obligados a aceptar cualquier condición laboral para acceder a un empleo, ya que ahora lo acordado con el empleador tendría peso de ley y sin ninguna protección sindical.
Con respecto al impacto en Brasil, un estudio del Centro de Estudios Sindicales y de Economía del Trabajo (CESIT), vinculado al Instituto de Economía de la Universidad de Campiñas (UNICAMP) señala que la reforma va a destruir derechos, desestructurar el mercado de trabajo, debilitar los sindicatos, ampliar la vulnerabilidad, deteriorar las condiciones de vida y de salud de los trabajadores y ampliar la desigualdad y exclusión social.
Los opositores a esta legislación, que lamentablemente solo piensan en los que ya tienen empleos y no se preocupan por la mayoría desempleada, consideran que el interés de los capitalistas, es reducir el costo del trabajo a “niveles chinos” a través de esta reforma, como forma de garantizar sus ganancias incluso en tiempos de crisis, al mismo tiempo generando mayores divisiones entre los trabajadores con el aumento de la tercerización y contratos precarios.
Sus intereses, dicen los opositores de la reforma, no tienen nada en común con los intereses de los trabajadores.
La burocracia de la central oficialista Força Sindical, ya mostró que su único interés es mantener el impuesto o contribución sindical, primero traicionando la huelga del pasado dia 30 de junio de 2017, y luego negociando con el gobierno un nuevo tipo de contribución sindical a cambio de frenar la movilización de los trabajadores.
Con la influencia de la política, las centrales petistas, la CUT y la CTB, buscan desviar su movimiento anti-reforma, para tratar de garantizar la elección de Lula Da Silva en 2018; no que se busquen soluciones en los que ellos como sindicalistas hagan algún aporte para paliar el hambre de tantos millones de brasileños.
Parece, que eso no es de su interés y dicen al mundo: “Tenemos que tomar la lucha contra las reformas y contra el gobierno en nuestras propias manos, combatiendo la traición y parálisis de las centrales sindicales exigiendo un plan de acción hasta tirar abajo las reformas y contribuyendo a la auto-organización desde las bases, con comités por lugar de trabajo y estudio que reúnan a miles en todo el país para poner en práctica este plan de acción”.
Haciendo comparaciones entre los pensamientos y/o actuaciones sindicalistas, aquí en RD, vemos también comportamientos similares para tratar de evitar las necesarias reformas que tarde o temprano llegaran, pues los empresarios ya no soportan tantos impuestos, ni cambios inesperados de las reglas de juego, ni una justicia laboral desbalanceada y cara, y por el contrario, los pobres ya no soportan el desempleo y la carestía de vida.
Nuestros sindicalistas están extraordinariamente atrasados en sus reclamos de derechos, pues solo apuntan a mejorar las condiciones de trabajo de la minoría que ya tiene empleo, que tiene Código de Trabajo y disfruta de Seguridad Social, sin importarle un comino esa gran mayoría que carece de empleos, que no tiene acceso al Código de Trabajo y mucho menos a la Seguridad Social.
Nuestros sindicalistas están extraordinariamente atrasados en sus reclamos de derechos, que no advierten la necesidad de que nuestro Peso sea revalorado y que tenga mayor poder adquisitivo; que es urgente la eliminación de los Monopolios y los Oligopolios de productos tales como: el ron, las cervezas, las aguas embotelladas, los embutidos, los cines, guardianes privados, refrescos, cerámicas, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, préstamos y seguros, productos del agro, bloques de hormigón, cemento, y Zinc; la eliminación drástica de los intermediarios de la alimentación o de la canasta familiar; la reducción también drástica de los impuestos a todos y ampliar la base impositiva, ya sean a empresas y/o ciudadanos; que debemos exportar más e importar menos; que se reduzca la moda de consumismo en todos los órdenes; que el Gobierno sea austero; que no sean tomados tantos prestamos en divisas extranjeras; que nuestro presupuesto nacional se ajuste a un sistema de gasto racional sin componentes foráneos.
Que el Gobierno cumpla y haga cumplir el 80-20% de los empleos para los dominicanos; que la burocracia estatal se reducida al mínimo; eliminar o reducir drásticamente la importación y venta de vehículos de lujo y alta cilindrada o colocarles un impuesto tan alto que dificulte adquirirlos; requerir a los Bancos, aseguradoras, y financieras, cobrar menos por sus servicios de manera que haya un mejor acceso a los recursos para el desarrollo; eliminación escalonada o reducción drástica de las Bancas de Apuestas; eliminar las exoneraciones de impuestos de importación de vehículos, subsidios de combustibles; entrega de Bonos, Vales y Tarjetas de Solidaridad y la eliminación drástica del uso de Gas subsidiado de cocinar para vehículos.
Controlar o vigilar que los precios en RD de todo lo que está en el comercio, sean fijados en base a costos más un beneficio, en lugar de que los comerciantes o productores los fijen en el doble del costo, más el precio máximo antojadizo que ellos estiman, que el cliente puede pagar; disponer la construcción de las carreteras y caminos vecinales en cemento para ahorrar el enorme gasto de Asfalto u otros productos o sub-productos del Petróleo; ordenar licitaciones para la terminación de las líneas faltantes del Metro en Santo Domingo y del lujoso e innecesario teleférico que ya hay que terminarlo para no dejarlo perder así como licitar las rutas de autobuses y el Gobierno nunca más comprar buses ni ningún tipo de transporte público, todo mediante licitaciones.
Entregar los valores de inversión en viviendas como capital semilla a las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, de manera que su dinero más el que aporte el Gobierno sirvan para que la gente adquiera un modesto hogar, de 80M2, no que le presten apartamentos como en La Barquita o se los regalen como ha ocurrido en este y otros Gobiernos; construyendo Plantas de energía eléctrica a Gas Natural; incentivando el uso de paneles solares o energía alternativa; eliminando el Cofrecito y el Barrilito de los legisladores, para que solo se dediquen como dice la Constitución: a legislar.
jpm