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Atentos al show
De los casos mayores de corrupción que les haya tocado enfrentar al Ministerio Público, el de Odebrecht es el más viable para una judicialización libre de las intervenciones de la política y de presiones fácticas locales.
Tres factores dejan en libertad de actuación a la representación litigiosa de la sociedad: 1-Es un escándalo internacional y la matriz de la investigación es aportada por la justicia de otro país, lo que impide su distorsión; 2-Hay un clamor generalizado contra la impunidad, que algunos expresan a través del movimiento identificado con el color verde, y que la mayoría exige sin levantar color alguno; 3-El partido de gobierno ha encendido luz verde al repudiar la corrupción y comprometerse a la expulsión de cualquiera de sus miembros que resulten encartados.
Hay un cuarto elemento que aliviana la carga, la reiteración categórica por parte de Mónica Moura y de Joao Santana de que no hubo financiación de Odebrecht para las campañas del presidente Danilo Medina.
En un escenario así, no cabe el argumento de la retaliación política ni la posibilidad de exclusiones, el que figure mencionado como sobornado o como sobornador, no le queda de otra que responder ante la justicia.
Lo único que requiere el Ministerio Público para rendir una labor en consonancia con las expectativas es actuar con entereza y responsabilidad.
Pero desde que arrancó la investigación ha mostrado desesperación, con una declaracionismo inapropiado y pavor frente a sectores que deberían ser parte de la investigación, y no han sido tocados, así como frente a la lectura que la legación estadounidense pueda tener del resultado final de su trabajo.
La empresa que ha confesado haber entregado sobornos por 92 millones de dólares en el transcurso de sus operaciones en el país, en cada proyecto ha tenido consorciados y es elemental saber si asumía plenamente el costo de esos pagos irregulares, o si los deducía en forma proporcional al porcentaje de la participación de los asociados, de los beneficios que tenía que compartirles.
Pero como alguno de esos interrogables tienen capacidad de contraataque, ha sido preferible concentrar la atención en otro lado.
Como ha quedado evidenciado que un funcionario de cualquier nivel que tenga actuaciones que no satisfagan el criterio de los oficiales estadounidenses, se expone al despojo de su visado, como ocurrió con el expresidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez y con tres jueces de la Corte de Apelación de Santo Domingo, para no correrse la misma suerte, antes de anunciar los posibles sometimientos que hará, en bochornoso gesto de genuflexión que pasa por encima de la Constitución y de la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, emprendió un sorpresivo viaje a los Estados Unidos, que en un mayor grado de institucionalidad, lo haría pasible de interpelación ante el Congreso de la República.
Parte del país quiere pan y circo, y huele a que algo de eso habrá, porque sin tener aun elementos firmes para sustentar acusaciones, está anunciado que para el 19 se producirán envíos a la justicia.
De lo que se conoce oficiosamente de las delaciones de tres fuentes: Ejecutivo 54; funcionarios de Operaciones Estructuradas y Marcelo Odebrecht; no puede determinarse quien entregó ni quienes recibieron sobornos.
Serian claves interrogatorios que no se han hecho: Marcos Vasconcelos Cruz, ex jefe Odebrecht RD y a consorciados, pero parece que se repetirá lo del pasado: someter para el show, no para perseguir realmente a la corrupción.