Ahora que la empresa canadiense Barrick Gold entrará en la base de explotación de nuestros recursos mineros, es el momento adecuado para que el gobierno por vía del Congreso  y del Poder Ejecutivo se plantee  una rediscusión de los términos en que fue pactado el contrato de referencia.

La empresa debe ser la más interesada en buscarle una salida armoniosa al planteamiento, pues ya han realizado las inversiones requeridas para la extracción del preciado mineral y de seguro que tendrán clientes a  suplir, por lo que dilatar una salida puede resultarle  más costoso que ceder a un aporte más justo al estado dominicano.

La revisión del contrato con Barrick Gold debe ir más allá  de aumentar la partida económica que corresponde a nuestro país, extendiéndose al establecimiento de un serio compromiso  para dañar lo menos posible el medio ambiente, la compensación social a las comunidades objeto de la explotación y a establecer claramente la responsabilidad social de dicha empresa  con la población de dichas localidades. La Barrick no puede negarse a discutir un trato  más equitativo que satisfaga el interés nacional, al tiempo que salva su negocio con la menor cantidad de ruidos posibles.

Es responsabilidad del gobierno dominicano hacer prevalecer el interés nacional por encima de cualquier otro, tomando en cuenta los derechos adquiridos por la firma contratante, pero sin ceder  a chantajes y presiones de la diplomacia a que acostumbran  los representantes de Estados Unidos y Canadá, que en honor  a la verdad, vienen jugando el correcto papel  que corresponde a todo diplomático, que es el de defender a  “capa y espada” el interés de sus nacionales.

La población dominicana que desde temprano ha denunciado las desventajas de los términos en que se ha cedido la explotación minera a la empresa canadiense, no puede detener sus reclamos ahora que son las autoridades del congreso nacional las que vuelven sobre sus pasos  con la iniciativa de revisión.

Los recursos mineros  no son renovables y  una vez extraídos no se recuperaran, por lo que  sus beneficios deben ser invertidos en el desarrollo humano de la población a fin de ponerla en condiciones de explotar sus conocimientos como fuente inagotable para garantizar  el desarrollo sostenible de la nación.

La discusión y los reclamos deben hacerse con la mayor prudencia, racionalidad y flexibilidad, de manera que los resultados se acerquen a la satisfacción de los intereses involucrados. El mal menor para las partes será siempre llegar a un punto de equilibrio donde ninguno pierda y eso es enteramente posible, dado los altos precios del producto llamado oro en el mercado mundial.

Av/am