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Año Nuevo y Ley de Partidos
¿Será el 2018 el año de la Ley de Partidos? Esta vez es poco probable que alguien se arriesgue a predecir lo que harán los dos líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina y Leonel Fernández, con el proyecto que cursa en el Congreso Nacional.
Los veinte años de espera, infructuosa, sin que se haya aprobado la Ley de Partidos, demuestran la certeza de la célebre frase del filósofo alemán, Friedrich Nietzsche: “La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre”.
Esa maldita esperanza, como diría Nietzsche, fue la que llevó a un entusiasmado Julio César Castaños Guzmán, recién designado como presidente de la Junta Central Electoral (JCE), a proclamar que el año 2017 sería “el año de la Reforma Electoral y la Ley de Partidos”.
Como había ocurrido con afirmaciones similares de su predecesor, Roberto Rosario, la esperanzadora aclamación de Castaños fue a parar al inmenso mar del desacierto, debido a que, bajo el argumento de que Danilo Medina prefiere primarias abiertas y Leonel Fernández cerradas, el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas se encuentra atrapado dentro del poderoso congelador hegemónico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Por otro lado, la Ley Electoral 275-97, que cumplió veinte años de vigencia el 21 de diciembre, es muy poco probable que sea aprobada antes de las elecciones del año 2020, a pesar de que debió haberlo sido en el año 2010, para armonizarla con la Constitución Fernández, que fue proclamada el 26 de enero de ese año, y aplicarla en las elecciones presidenciales del año 2012.
Todo esto refleja que el PLD se niega a aprobar la Ley de Partidos, para no darle concreción al artículo 216 de la Carta Sustantiva, en lo relativo a la democracia interna y la transparencia con que deben funcionar los partidos políticos.
Ahora la aprobación de la Ley de Partidos, a los fines de que pueda ser aplicada de caras a las elecciones del 2020, entra en una cuenta regresiva que concluye con la legislatura que se iniciará el próximo día 27 de febrero.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta que las reglas deben ser conocidas con un tiempo suficiente que le permita al órgano electoral y a los partidos políticos preparse para concurrir a las elecciones.
Tanto la comunidad política como la sociedad civil deben estar conscientes de que de no aprobarse las referidas reformas políticas en la próxima legislatura, iremos a unas elecciones que estarán precedidas de la escogencia de forma antidemocrática, por parte de las élites partidarias, de los cargos de elección popular.
De igual manera, tendríamos unas elecciones, en el 2020, en las que, tal y como ha acontecido en los últimos procesos electorales, no habría la más mínima equidad, lo que afectaría gravemente la integridad de las elecciones.
Ojalá que el partido que nos gobierna, hegemónicamente, utilice su supremacía en los órganos del Estado para, mediante una reforma política profunda, democratizar a los partidos y acercarlos a la sociedad de la que se han distanciado.