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Dispendio legislativo
En medio del desparpajo con el sazonado Proyecto de Ley de Partidos Políticos y Régimen Eelectoral los diputados sorprenden con la noticia de que se repartirán 57 millones de pesos para celebrar entregar regalos a las madres, una acción a todas luces populista.
Cada honorable recibirá 300 mil pesos en bonos para la adquisición de artículos que entregará este domingo próximo en sus demarcaciones políticas, un uso alegre y bochornoso de los recursos públicos para hacer política barata.
Obvio que ese dispendio en nada contribuirá a aliviar la lacerante pobreza, extrema en algunos de las comarcas electorales de los integrantes de la Cámara de Diputados.
Ocupar una curul en los órganos congresuales es un altísimo honor conferido por los electores a diputados y senadores, y al hacerlo, confían en ellos la misión constitucional de modificar y producir leyes que robustezcan la institucionalidad democrática, organicen la vida en sociedad, base fundamental del desarrollo, el bienestar y el progreso de los ciudadanos.
Aunque es menor a otros años, el reparto sin control alguno no es nuevo en la Cámara de Diputados ni en el Senado. En el 2014 para esos mismos fines fueron a parar a manos de los diputados 176.9 millones de pesos, 136 millones en el 2013, igual que en el 2012, casi 500 millones de pesos en esos tres años.
Invertidos con justeza y en orden prioritario habrían resuelto necesidades básicas e impactado de manera positiva la calidad de vida de muchas personas: construir canchas deportivas, centros comunitarios, encachar cañadas de aguas, focos que amenazan la salud, reparar caminos vecinales y apoyo a pequeños agricultores.
La Constitución establece con claridad incontrovertible la función de los legisladores es: producir o modificar leyes que contribuyan a consolidar la base jurídica, garante de la soberanía, la sostenibilidad democrática e institucional, la convivencia armoniosa en sociedad y asegurar un futuro promisorio, de bienestar y progreso a todos los ciudadanos.
Sin embargo ellos se han abrogado la honrosa responsabilidad de patrocinar habichuelas con dulce, reparto de cajas, canastas a embarazadas, juntes con comida, cerveza y ron en los barrios y otras dádivas, mientras el país lleva 20 años esperando normativas para los partidos políticos, el régimen electoral, el uso y preservación del agua, vitales para asegurar un mejor porvenir para todos.
Lo que en nuestro país es una práctica inveterada, un derecho adquirido de los distinguidos miembros del Congreso Nacional, es impensable en otros sistemas democráticos, tan frágiles como el dominicano, pero donde hace tiempo la gente aprendió a exigir respeto y responsabilidad de la clase política. Por indelicadezas menores muchos políticos han sido sentados en el banquillo de los acusados. Aquí falta tiempo para eso.